En dos cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su “profunda preocupación y sorpresa” por la medida adoptada “sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados” como a los referentes políticos que defienden "activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo”.
“La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia”, fundamentó la legisladora que, además, agregó que “los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión”.
"De haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales —que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima—, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto”, completó Moisés.
El reclamo de las provincias tabacaleras
Ricardo Saraceni, asesor de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) confirmó que las provincias tabacaleras harán una presentación contra la prohibición del vapeo. Declaró que “Hay una contradicción muy grande dentro del ámbito del Gobierno nacional al prohibir un producto que es menos nocivo que el cigarrillo tradicional”.
FUENTE: ÁMBITO
