El entredicho se había generado luego de la liberación de los integrantes de Revolución Federal vinculados con el atentado contra Cristina Kirchner, en noviembre pasado. 

El camarista federal Leopoldo Bruglia le inició una demanda por 40 millones de pesos a Alberto Fernández, a quien acusa de haberle generado "daños y perjuicios" a raíz de una serie de tweets, publicados hace más de seis meses, en los que el Presidente señaló que el magistrado había sido designado a dedo por Mauricio Macri. 

La demanda, que recayó en el Juzgado Civil 79, exige además que Fernández se retracte públicamente de sus expresiones, e incluso va más allá: pide que el Presidente se someta a un peritaje psiquiátrico. Los "testigos" que el camarista propuso para el examen son la ex diputada y referenta de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Mauricio D'Alesandro, y el diputado del PRO y ex consejero de la Magistratura Pablo Tonelli, entre otros. 

 "Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación. No se lo puedo permitir", señaló Bruglia en el texto de la denuncia, que quedó en manos de la jueza María Pilar Rebaudi Basavilbaso, a la que insólitamente recusó "sin causa" pocos minutos después. 

Lo que motivó la bronca del magistrado fue una carta publicada por el Presidente en sus redes sociales a principios de noviembre del año pasado, cuando la Sala 1 de la Cámara Federal porteña —que Bruglia integra junto a Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— decidió dejar en libertad a los miembros de Revolución Federal acusados por incitación a la violencia colectiva, en el marco de una causa relacionada con el atentado contra Cristina Kirchner. 

El Presidente había señalado en aquel momento que tanto Bruglia como Bertuzzi "ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución", en referencia a su designación en la Cámara a través de un decreto de Macri. El Presidente basó sus dichos en un fallo de la Corte Suprema que, si bien reconoció que los traslados por decreto no debieron haberse producido, avaló la continuidad de ambos hasta que fueran designados sus reemplazantes.

"Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, había disparado Fernández en referencia al fallo que liberó a los integrantes de la organización ultraderechista.  

En su presentación, Bruglia cuestionó la "seguidilla irrefrenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo pronunciado en la causa penal de referencia". "Fallé conforme legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya treinta años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara", se defendió. 

FUENTE: PÁGINA/12