Denuncia penal contra el Vicegobernador por malversación de fondos públicos

La Vocal por la Minoría Política en el Tribunal de Cuentas, doctora Karina Saúl, presentó en la Justicia una denuncia penal contra el Vicegobernador Fabián Leguizamón, por malversación de fondos, fraude a la administración  pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad entre otros delitos, en base a los resultados de dos auditorías realizadas por dicho organismo de contralor y que detectaron irregularidades en el manejo de fondos en la Cámara de Diputados de Santa Cruz

Según el análisis hecho por la funcionaria a partir de dichas auditorías, el Vicegobernador de la Provincia incurrió en graves faltas administrativas con un supuesto perjuicio económico millonario para el Estado, estimado en no menos de 56 millones de pesos.

La denuncia fue radicada el pasado 29 de abril en la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos, y se refiere entre otros puntos al uso indebido del Fondo Rotatorio que maneja la Legislatura de Santa Cruz, el alquiler de inmuebles que estarían a nombre del propio Vicegobernador y que es pagado con fondos públicos, aportes económicos a fundaciones de dudosa integración, gastos millonarios en publicidad a medios sin la debida certificación y con contratos mal confeccionados, y hasta el regalo de una campera al gobernador Claudio Vidal por su cumpleaños. abonada con fondos de todos los santacruceños.

LOS ANTECEDENTES

A fines del mes de diciembre del 2024, el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió las Resoluciones 338/24, 698/24 y 747/24 mediante las cuales difundió los resultados de una auditoría realizada a la Cámara de Diputados, correspondiente a los meses de mayo y octubre del año pasado, en las cuales fueron detectadas varias irregularidades en el manejo de fondos y las contrataciones efectuadas por esa Legislatura por diferentes ítems, entre ellos publicidad por $ 34.880.000,00 Se trató de una auditoría presencial dividida en dos etapas, la primera ordenada por Resolución 169/24 con fecha 6 de mayo y una segunda por Resolución 665/24 con fecha 28 de octubre del 2024.

En la denuncia penal presentada en la Fiscalía por la doctora Saúl, se aclara que el Tribunal de Cuentas fue pidiendo información a las autoridades de la Cámara de Diputados sobre dichas irregularidades, pero señala que las mismas fueron enviadas sólo en algunos puntos, de manera parcial o insuficiente, habiendo transcurrido un tiempo prudencial de casi 4 meses sin que se enviara la documentación requerida.

“Los responsables no remitieron la documentación solicitada” se indica en un pasaje de la denuncia penal.

En la “primera etapa” auditada desde el 1 de enero al 30 de abril de 2024 (4 meses), se detectaron irregularidades  en los sistemas de contratación. Asimismo, se habrían detectaron desvíos de fondos también en el uso de los fondos rotatorios, fondo rotatorio especial (FRE), en los instrumentos legales relacionados a las designaciones, incumplimiento del Decreto N° 1389/22, etc. En el informe final las Auditoras habrían calculado un daño al erario público en la suma de $15.226.785,26. En las supuestas irregularidades en los fondos rotatorios, se detectó que los mismos fueron rendidos con tachaduras, agregados y enmiendas en los expedientes, se constató que no obraban en los expedientes notas del área solicitante del gasto; que las facturas tienen fecha anterior a los trámites administrativos y existirían compras que no son de urgencia, las cuales podrían llevarse a cabo mediante otra modalidad de contratación. Aparece allí también un monto destinado al pago de la reserva de alquiler para una futura Fundación, entre otras observaciones.  También se detectaron e informaron supuestas irregularidades en las facturas de compra de combustible, en concepto de rendiciones de alojamiento, pasajes y viáticos, que no habrían podido justificar.

En la “segunda etapa” se procedió a analizar desde el 1° de mayo al 31 de agosto de 2024 (4 meses). Se encontraron irregularidades con vales de combustibles, un servicio de fumigación en un hogar particular y hasta un “regalo protocolar“ al Gobernador de la Provincia, Claudio Vidal, por su cumpleaños por la suma de pesos $368.900. Con fecha 7 de Noviembre de 2024, la conclusión de las auditorías marca una gran cantidad de irregularidades, desvíos y usos de fondos sin seguir las normas en vigencia, y un gasto de  $34.880.000,00 en publicidad.

Finalmente, habiendo realizado una suma del perjuicio a los fondos públicos, las auditorías calculan que la maniobra asciende a más de $56.000.000.

Las Auditorías determinaron además que además del dolo causado por la conducta del Vicegobernador Fabián Leguizamón, se accionara sobre los siguientes funcionarios actuantes: Natalia Romina Vargas (Directora de Administración); Cristina Beatriz Díaz (Sub Directora de Presupuesto); Gabriela Lorena Córdoba (Subdirectora de Tesorería);  María Belén Fernández Soria (Prosecretaria de la Dirección de Administración); y Carla Belén Cárdenas (Subdirectora de Contaduría). A todos estos funcionarios se les aplicaron multas administrativas al tiempo que se proponía embargo en sus haberes, hasta la devolución total de la suma total del daño causado.

Al vicegobernador se le endilga la posible comisión de los delitos de Fraude a la Administración Pública (Art. 174 inc. 5 del C.P.), Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 del C.P.), Malversación de Caudales Públicos (Art. 260 del C.P.) y Adulteración de Documento Público (Art. 292 del C.P.).