La Asociación Docentes de Santa Cruz elaboró un documento en el cual avisa sobre la notificación del Ministerio de Trabajo en la que dejan entrever sobre una eventual multa al sindicato.

El comunicado: 

En el día de ayer 29 de marzo de 2023 fuimos notificados del dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz en el marco de la conciliación obligatoria dictada en el presente año y que amenaza con una nueva multa a este sindicato.

Se confirma lo que oportunamente advertimos: la conciliación solo está vigente en esta provincia como una herramienta de extorsión y dilación que a las claras demuestra el carácter de lo proscriptivo, artero y aleccionador, que dicho ministerio pretende esconder tras el velo de las leyes y la justicia; esa parte de la justicia putrefacta que ha amparado durante años la corrupción que pasa por sus propias narices y sobre la cual solo aseguró la impunidad de personajes denunciados, procesados y que lamentablemente, continúan sin codena y que hoy ostentan cargos públicos los cuales moralmente debieran estar al servicio de la sociedad, garantizando la plenitud de lo que se llama un estado de derecho; pero eso no es un impedimento cuando desde las esferas más altas del poder se avala este accionar sin importar absolutamente nada.

En 2023 nuestro país cumple 40 años de la vuelta a la democracia y desde ese tiempo a esta parte no hay registros que en nuestra provincia el “MINI$TERIO de TRABAJO” haya impuesto tantas conciliaciones obligatorias a un sindicato como a la Asociación Docentes de Santa Cruz (A.DO.SA.C.), NO HAY REGISTRO DE QUE SE HAYA EJECUTADO una multa multimillonaria que asciende a 32 millones de pesos, multa por haber rechazado una conciliación obligatoria en el año 2017 donde simplemente se solicitaba que se pagara nuestro salario en tiempo y forma, recordando que, por aquel entonces el sueldo era fraccionado hasta en 4 partes dentro del mismo mes. La autoridad laboral, en lugar de intimar a la patronal a cumplir con sus obligaciones, no realizó ninguna acción demostrando una vez más su parcialidad, además de dejar en claro ser apéndice del poder político. Convalidó a la patronal aduciendo que por lo menos se les pagaba a los docentes dentro del mes.

Muchas acciones realizadas del mismo tenor por el seudo Ministerio de Trabajo fueron denunciadas por este sindicato incluso en la OIT por lo tanto no inspira confianza en su rol, en su accionar ni mucho menos en su moral tristemente trastocada.

Ante esta nueva intención de fagocitar el patrimonio de los docentes nucleados en A.DO.SA.C como una constante y voraz actitud, siempre con los fondos que no son propios, como un capítulo más de la escena cíclica que los rotula, responderemos con la misma convicción y entereza que distingue a esta organización desde sus inicios al día de hoy. No bastará con intentar la quiebra económica, pues nuestra fortaleza está en la calle y en el pensamiento libre de cada docente que sueña con una escuela mejor, esa escuela libre de violencia por parte de sus autoridades, abierta a la comunidad educativa, democrática y participativa donde exista una verdadera injerencia de quienes construyen día a día desde las aulas en contraposición con los funcionarios que replican políticas fracasadas sumergidos en el microclima de su propio y obsoleto escritorio.

Advertimos a los demás sindicatos provinciales que estos nefastos precedentes no solo configuran el fiel reflejo de lo que podrían vivir en carne propia sino también la realidad que dejaremos a nuestros hijos si no peleamos en unidad por una sociedad más justa. Pedimos el acompañamiento a todos los sindicatos provinciales y nacionales, organizaciones de derechos humanos, ONG y a todos aquellos que se solidaricen con la lucha docente, estas acciones que atentan contra el derecho a huelga son propias de épocas pasadas que deben quedar verdaderamente sepultadas.

Repudiamos al Ministro Teodoro Camino con el aval de Alicia Kirchner y su aparato judicial en la notificación del Dictamen de Conciliación.

Repudiamos la proscripción del Derecho a Huelga en Santa Cruz.

Repudiamos “LA MALA FE DEL GOBIERNO PROVINCIAL” al mantener salarios por debajo de la línea de pobreza.

Repudiamos la persecución y judicialización de la protesta social.