El Boletín Oficial de Chile publicó este lunes la llamada ley Naín-Retamal, que fortalece y protege el ejercicio de la función policial, aumentando penas para quienes atenten contra efectivos de Carabineros y otras fuerzas, una reforma que el Gobierno de Gabriel Boric propicio para frenar una ola de inseguridad que derivó en el asesinato de tres carabineros. 

La ley Naín-Retamal, que fue producto de una negociación entre el oficialismo y las fuerzas de oposición, apunta a reforzar y proteger la función de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, así como también a la policía marítima y de aeronáutica civil.

La normativa endurece las sanciones penales para quienes agredan y especialmente maten a un carabinero, detective o gendarme, como también restringe los beneficios carcelarios para los inculpados.

La nueva ley se concreta tras el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, quien murió en la misma noche en que se sancionaba la ley en el Congreso, tras recibir dos disparos en el rostro durante un procedimiento policial en el centro de Santiago el pasado jueves. 

Las autoridades señalaron que la nueva ley también podría aplicarse en el caso de Llolleo, San Antonio, donde un carabinero abatió a un joven que no se detuvo en un control policial y que atropelló a un efectivo, y en otro hecho en la localidad de Coronel donde un carabinero hirió de bala a un sujeto que lo atacó con un cuchillo. 

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó en conferencia de prensa que “es altamente probable” que el carabinero del procedimiento de Llolleo se vea beneficiado por esta nueva ley y de esta manera “no pueda ser separado de sus funciones, ni restringirse sus remuneraciones (...) las investigaciones se van a llevar a cabo y él va a tener los resguardos administrativos”.

Por otra parte, en la mañana de este lunes Carabineros detuvo a dos sujetos relacionados con el asesinato del suboficial Daniel Palma, en un procedimiento ocurrido en el barrio capitalino de Quinta Normal. 

Se trata de los venezolanos Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés. Carlos Cortés, otro de los buscados, aún se mantiene prófugo. 

“Esto trae un poco de tranquilidad a sus deudos y particularmente a la familia institucional y sus compañeros de la Cuarta Comisaría”, señaló el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien no dio más detalles porque la investigación está en desarrollo.

En paralelo a la sanción de esta ley, el pasado jueves Boric anunció que se invertirán otros 1.500 millones de dólares anuales para pertrechos y la implementación de nuevas medidas de seguridad, y la intervención de 30 comunas (barrios) del país. 

También se anunció la implementación del “Plan Calle Sin Violencia”, el que busca fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y se focalizará en las comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos del país. 

Internas luego de los anuncios 

Las medidas generaron polémica filas adentro del oficialismo, donde las fuerzas de izquierda cuestionan haber cedido demasiado a los reclamos de las derechas, pero también con figuras de la oposición, donde diversos alcaldes (intendentes) calificaron al anuncio de "un sin sentido”,como dijo la alcaldesa de Providencia (barrio acomodado de la ciudad de Santiago), Evelyn Matthei.

“Decir que va a haber una preocupación especial por 30 barrios, significa que los delincuentes se van a mover para los otros que no están priorizados. Son las típicas medidas que, la verdad, no tienen ningún sentido”, expresó Matthei a radio Biobío. 

También la alcaldesa de la popular comuna capitalina de La Pintana, Claudia Pizarro, manifestó que es necesario fortalecer la prevención del delito y no involucrar a los funcionarios municipales en los procedimientos por los riesgos que implica. 

“Hay que fortalecer el rol preventivo que tienen los municipios y no involucrarlos en el control social, porque podríamos terminar lamentando más muertes”, indicó Pizarro.

FUENTE: AGENCIA TÉLAM