Un amparo admitido por la Justicia Federal con la firma de la Jueza Marta Yáñez permite a ocho operarios de la empresa Exterran Argentina SRL a ser trasladados desde Comodoro Rivadavia hasta el yacimiento de la petrolera ubicado en Cañadón Seco y que opera Sinopec Argentina, sin mediar controles previos en la Subcomisaría de Ramón Santos, ni tampoco en los retenes de seguridad de Caleta Olivia ni de la COmisión de Fomento santacruceña.
La situación donde media este amparo judicial provocó que los vecinos salieran a "defender la vida" de la comunidad y reclamar con una multitudinaria caravana que se revierta esta decisión judicial.
Fue una reacción popular contra una acción de la Justicia Federal que puso en fragilidad a las medidas de bioseguridad instrumentadas por el gobierno santacruceño en consonancia con los municipios de la zona norte y sus respectivos COE para frenar la expansión de la pandemia del Coronavirus.
La Resolución dictada por la jueza Yáñez había hecho lugar al recurso de amparo presentado por la empresa Exterran Argentina SRL, por lo cual ordenó al Estado santacruceño y por extensión a las comunas de referencia, abstenerse de "prohibir, obstaculizar o interferir" el ingreso de personal de esa empresa procedente de Comodoro Rivadavia, para que realizar tareas en instalaciones de gas en yacimientos explotados por la operadora Sinopec, bajo el fundamento de ser trabajadores esenciales.
Si bien se sabe que esa disposición se flexibilizó al acordarse que los operarios pudieran ingresar a trabajar en territorio santacruceño previo realizar un período de cuarentena, aún está latente la posibilidad que se siente un precedente jurídico y otras empresas igualmente presenten recursos de amparo.
Varias comunas tenían previsto apelar el fallo judicial, pero finalmente delegaron esa acción legal a la Fiscalía de Estado de la provincia, aunque ello no frenó la caravana de protesta.
Además del propio presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, otros de los principales referentes de esa manifestación fue su par de Koluel Kaike, Tomás Cabral, los integrantes del COE de Pico Truncado, Carlos Gutiérrez y Maurio Coliboro; la diputada por pueblo de Caleta y Cañadón, Liliana Toro y el miembro de comisión directiva y principal dirigente del Sindicato Petrolero en Caleta Olivia, Pablo Carrizo.
"La convocatoria a este tipo de movilización surgió de forma espontánea y tuvo su génesis en el principio fundamental de resguardar la salud y la vida de las comunidades de nuestros territorios" sentenció Soloaga.
Consideró además que más allá de las resoluciones que se adoptan en un despacho judicial, también debería tenerse en cuenta que hay decisiones de las comunidades que aprueban o reprueban esas determinaciones y en este caso la decisión de la gente "se basa en principios normativos que buscan resguardar la salud y la vida de la gente, sobre todo en el contexto de una pandemia que afecta a todo el mundo".
"Es por eso que esta caravana espontánea de vecinos, trabajadores y dirigentes políticos y de instituciones, no es ni más ni menos que una manifestación pacífica de quienes entendemos que por encima de cualquier especulación empresaria y económica, está la salud y la vida de la gente" apuntó.
