El 30 de septiembre es una fecha clave porque finaliza el Decreto 320/20 que mantiene congelados los precios de los alquileres y que prohíbe los desalojos por falta de pago. Sin embargo, en la ciudad de Río Gallegos y en algunas localidades del interior se denuncia que a pesar de estar prohibidos, ya se produjeron varios desalojos.
En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Matías Solano, referente de la Asociación Inquilinos de Santa Cruz comentó que no se cumplió en ningún momento el decreto y explicó: “Desalojos hubo de una forma u otra, si el 30 de septiembre no se renueva el decreto, los desalojos van a ser masivos. Los propietarios o las inmobiliarias amenazan o intiman a los inquilinos para que paguen, como también existen desalojos de tipo violento o forzoso con apoyo, lamentablemente, de la Policía. La mayoría de los desalojos fueron por parte de pago”.
Por otro lado, Solano señaló que “la gente no tiene plata para pagar el alquiler por la pandemia y hay falta de control en el cumplimiento de lo que hacen los propietarios o las inmobiliarias, los inquilinos son amenazados o extorsionados y ha habido varias causas penales. Necesitamos que el 30 se renueve el decreto para resguardar a familias con alquileres con deuda”.
Ante la consulta sobre la posible renovación del decreto previo a la fecha límite de su vigencia, Solano afirmó que “si bien el decreto lo firma el presidente, la Ministra Bielsa hoy a la mañana no dijo específicamente nada al decreto y ofreció otro tipo de salida viable y llamó a los inquilinos a inscribirse al PROCREAR. Es algo ajeno a la realidad lo planteado por la ministra, los inquilinos no puede pagar el alquiler, mucho menos califican para acceder al crédito para construir una vivienda”.
Finalizando, Solano, referente de la asociación de Inquilinos de Santa Cruz aseguró que “Los inquilinos no se tienen que dejar acosar por teléfono ni por propietarios o inmobiliarias. Los desalojos violentos por ejemplo son por parte de propietarios y por el otro lado hay desalojos extorsivos por parte de las inmobiliarias y se crea un conflicto entre inquilinos y garantes. Hay una permisibilidad que nadie controla ni considera. Necesitamos un área que controle y fiscalice todo esto”.
