Roberto Torres
La realidad sanitaria de la capital de Santa Cruz cambió desde el 14 de julio, la fecha donde todos coinciden fue el inicio del brote de covid19 que hasta el día de hoy, no se ha podido frenar.
Por aquellos días, se dejaba en evidencia la falta de controles. La historia de los operarios de telecomunicaciones de una empresa subcontratista de Movistar que llegaban de Bahía Blanca para hacer un trabajo en la antena de la Agrupación XVI de Gendarmería Nacional ubicada sobre Av. San Martín, es sin dudas una crónica conocida por todos. Después sería la historia del camionero y su juntada familiar, el asado de los trabajadores del Ministerio de Economía, la cena agasajo de una diputada provincial, etc, etc, etc.
Todo llevó a que el 1 de agosto, por Decreto firmado por la gobernadora Alicia Kirchner, se disponía que Río Gallegos debía regresar a una fase de aislamiento (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO en términos legales). Pasaron de aquella decisión 58 días, y lejos de haber mejorado, claramente en términos estadísticos la capital provincial empeoró. Ni un sólo día de esos 58, Río Gallegos logró bajar la cantidad de casos, por el contrario los habituales 20/30 casos diarios se convirtieron en 50/60 y ahora desde hace varias semanas 110/120 en promedio, cuando no más.
Llegó la calificación de zona con circulación y transmisión comunitaria del virus; la ocupación plena de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional; la infección de gran parte del personal de salud lo que obliga su aislamiento y por ende una merma en la capacidad operativa de asistencia en el nosocomio, y una suba en la tasa de letalidad que hoy arroja que ya fallecieron 56 personas con covid19.
Desde hace semanas, ya no hay retenes de control de las fuerzas de seguridad ni de otras fuerzas nacionales, controles que desaparecieron y que hoy se limitan a unos pocos móviles haciendo recorridas con las luces de las sirenas encendidas, lo que lejos representa una tarea de fiscalización y supervisión sobre quiénes están circulando a diario. El COE provincial se reunió el pasado viernes, luego de casi un mes que no lo hacía (a pesar de estar en una fase donde se presupone que todos los esfuerzos debieran estar volcados a analizar situaciones y definir acciones). La Junta Municipal de Protección Civil (el COE Municipal) dejó de reunirse porque sus recomendaciones y pedidos nunca fueron escuchados ni contemplados por la autoridad sanitaria provincial. Es decir, sin controles ni definición de acciones, estamos casi a la deriva.
La experta en epidemiología contratada por la provincia, desapareció del escenario sanitario casi al mismo tiempo que la salida del ex Ministro Juan Carlos Nadalich. ¿No estamos frente a un escenario que demanda la articulación de determinadas medidas sanitarias dentro de un plan de acción planificado que nos permita llegar a un objetivo en el corto o mediano plazo, y que debiera estar diseñado por una profesional de ese campo?. Lo indica el sentido común y la lógica, pero no parece ser el criterio aplicado.
La única estrategia aplicada hasta el momento, es otorgar las altas médicas (enviadas por mail o mensaje de whatsapp e incluso algunas firmadas por profesionales de la psicopedagogía cuando debieran hacerlo médicos), bajo el cuestionable protocolo aplicado a los asintomáticos que permite que después de 10 días, sin hacerles un PCR que compruebe que han negativizado al virus, se los considere pacientes recuperados. Dicha condición es la única que ha permitido bajar la cantidad de casos activos de un plumazo, y mantener nuestra tasa de contagio por debajo de los 1.500.
Pareciera no haber plan, ni método, ni meta por alcanzar. Pareciera estar todo liberado al azar, al paso del tiempo, como si eso fuera un remedio efectivo contra la pandemia. El mismo capricho que la provincia aplica para no usar una APP porque fue diseñada desde la oposición (a pesar de que la misma es utilizada en otras provincias con resultado exitoso según destacan las fuerzas de seguridad como herramienta tecnológica de control), parece aplicarse como un calco ante la negativa de usar el tratamiento del ibuprofeno inhalado, a pesar de que cada vez son más los médicos que lo piden, incluso aquellos que simpatizan con el gobierno.
La conducta irresponsable de algunos ciudadanos, tampoco ayuda a mitigar el diagnóstico. Gente que circula sin tapabocas, sin mantener la distancia, sin medidas de seguridad personal, solo terminan por ponernos a todos en peligro, cuyo impacto último resiente indudablemente a nuestro sistema de salud. Las plazas llenas no ayudan, las reuniones sociales y familiares no ayudan (porque a pesar de estar prohibidas se hacen y a diario), la falta de responsabilidad individual y ciudadana no ayuda.
Se peca por acción o por omisión. Nuestras autoridades no deben ni pueden seguir mirando para el costado, ni seguir librando al azar las políticas sanitarias que le corresponden por obligación y mandato implementar. No tiene sentido determinar una fase sanitaria (cualquiera sea) si nadie la cumple y si nadie la hace cumplir.
Sin cambiar este inútil rumbo en el que estamos, jamás podremos salir adelante, ni mucho menos pensar en que se podrán flexibilizar actividades. Depende de nosotros en parte, pero también de quienes tienen el poder de decisión.
