En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Gabriel Giordano, abogado e integrante del Instituto Binacional de Capacitación que ha trabajado y asesorado en recuperación de patrimonio cultural e histórico se refirió a la situación generada con el viejo edificio donde funcionaba la Comisaría de San Julián, estructura vinculada a los sucesos histdóricos de la Huelga del 21.
“Esto es una pasión para mi, me encuentro analizando y trabajando este tema en la ONU en el área de patrimonio. Trabajamos muy en conjunto con la directora de patrimonio, Carla García Almazán que es una gran promotora en estos temas y hace años trabaja en la sensibilización de esta problemática. Son cosas que pasan a nivel de estructura estatal, lo cierto es que hay una legislación que protegen al patrimonio pero pocas autoridades y grupos que se avocan a esto realmente y cuando se hace hay reacciones opuestas de otros sectores”.
Por otro lado, Giordano agrego: “Este tema se sensibilizo, a partir de que la venta de esta propiedad puso en marcha un proceso de lo que termino en la destrucción del edificio. Hubo una reacción tardía por parte de las autoridades porque una vez que se demolió se considero patrimonio nacional y llega tarde, en definitiva tampoco fue el camino adecuado desde lo normativo legal y que hubieran permitido avanzar directamente. La discusión no pasa por que el estado se haga cargo de los bienes, sino que el edificio conviva con la actividad que se desarrolle”.
Finalizando, Giordano fue consultado por que el tema llego a la oficina presidencial y que fue establecido como patrimonio histórico, pero hizo hincapié en que “El decreto debe ser habilitado por la secretaria de cultura, fechado con la fecha 19/10/20 y falta un proceso administrativo muy largo que no garantiza la medida que se emitió desde presidencia. Hubieron reacciones tardías, insisto en esto, los esfuerzos aislados generan este tipo de cuestiones y la forma indebida de operar puede producir esto que ocurrió con el monumento en particular”.
