La Cámara de Senadores votará este jueves, tras la convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner, dos proyectos de ley que provienen en revisión desde Diputados, los cuales promueven un régimen de promoción para la industria automotriz y otra iniciativa que modifica la normativa de promoción de la biotecnología y nanotecnología.
La sesión especial fue solicitada por la vicepresidenta para el 1 de septiembre a las 14, mediante un decreto firmado este miércoles.
Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz
Así, la próxima jornada se debatirá el proyecto para crear el Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz - Autopartista y su cadena de Valor. En concreto, se plantean medidas que promuevan inversiones y beneficios fiscales, como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031. A su vez, declara sector estratégico a la producción autopartista.
La meta es asegurar mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas. Además, se contemplan beneficios para las inversiones automotrices, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo que el plazo de devolución se reducirá de seis a tres años y, en el caso de la amortización de bienes de capital, de cinco a tres años.
Se trata de un proyecto muy solicitado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien llegó a la cartera hace pocas semanas. Cuando el funcionario era presidente de la cámara baja, impulsó la propuesta con el diputado macrista Cristian Ritondo.
Bio y nanotecnología
Los senadores también votarán un proyecto para modificar la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología. La idea es extender hasta 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades del sector.
Así, quienes accedan al régimen de promoción podrían obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA. Esto, sumado al otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D), con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La autoridad de aplicación sería Desarrollo Productivo, que depende de Economía, y estaría a cargo de aprobar proyectos. Los mismos deberían cumplir con la mejora sustancial de procesos productivos, en especial lo que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social.
FUENTE: Ámbito.
