Las modificaciones que implementa esta ley, que fue aprobada por 86 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, suprime el tiempo acotado de una hora, que se reemplaza por un tiempo indefinido, para que un funcionario policial detenga y “ponga a disposición” de la PDI a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.
Además, suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos discriminatorios, permitiendo a los efectivos realizar controles de forma directa sin esta restricción de la ley.
El último punto tiene relación con las atribuciones sobre el control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas, que serán otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, quienes podrán apoyar a Carabineros y PDI en el control de identidad y que no sea una labor exclusiva de estas instituciones.
La norma va en respuesta a la crisis migratoria que vive el país y busca ayudar a corroborar la situación migratoria de las personas e iniciar los procedimientos que correspondan en conformidad a la ley, según el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con estimaciones al 31 de diciembre de 2021, la población extranjera que reside en el país es de 1.482.390, representando un alza de 1,5% respecto a igual fecha de 2020 y un aumento de 14,1% en comparación con 2018.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, dijo a Radio Cooperativa que entre el 2018 y 2021 hubo cerca de 9.000 causas en la Justicia de ingreso irregular. Además, detalló que, según datos que brinda Carabineros, están ingresando por la región Tarapacá, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, frontera con Bolivia, 400 personas a la semana, y se estima que en 2021 “ingresaron 56.000 personas por pasos no habilitados”.
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