El ministro de Economía, Luis Caputo, pone palos en la rueda en el acuerdo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cerró con los gobernadores para terminar parte de las obras públicas paralizadas desde diciembre. Es por la pretensión del ministro de Economía de incluir una cláusula adicional no escrita para que las administraciones provinciales se hagan cargo de las deudas pendientes con las constructoras.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weis, estimó que la deuda que acumula la Nación por las facturas no abonadas desde el año pasado ronda los $400.000 millones. De este total, los certificados atrasados que Caputo quiere hacerles pagar a las provincias por las obras que tomarán a su cargo oscilaría entre los $120.000 y $150.000 millones.
Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, los gobernadores van a tener mayores ingresos coparticipables que les permitirían afrontar tanto la terminación de las obras viales y de infraestructura como la cancelación de las deudas con las constructoras.
La exigencia de último momento de Caputo tomó por sorpresa a quienes están a cargo de las Obras Públicas provinciales, justo cuando empezaban a cerrar la letra chica de las transferencias acordadas con la administración libertaria.
Tras el cambio de escenario, los mandatarios provinciales no descartan -transcendió- volver a reunirse con Francos para aclarar la situación y reclamarle que no se tenga en cuenta el nuevo planteo del titular de Palacio de Hacienda por no figurar en el acuerdo cerrado inicialmente.
Además de este obstáculo económico, la firma de los acuerdos definitivos enfrentarían otros contratiempos de orden legal y técnico.
LA LETRA CHICA
Directivos de Camarco adelantaron que, si bien hay disposición para retomar los trabajos lo antes posible, aún no está resuelto bajo qué marco normativo se concretarán las cesiones de los contratos a las provincias. Tampoco está cerrado cómo se renegociarán los plazos de conclusión de los trabajos y la actualización de los montos totales de las obras.
En relación con las obras por finalizar y el mantenimiento de las rutas nacionales que serían cedidas a las provincias, otro interrogante que se presenta es qué va a pasar con el personal de las estaciones de peaje que pertenecen actualmente a la empresa estatal Corredores Viales SA.
Si bien los acuerdos cerrados con Francos abren la puerta para que se queden con el cobro de los peajes, los gobernadores no quieren saber nada con absorber al personal de las cabinas que están dentro de sus territorios.
Otra cuestión a resolver es la vinculada con el deterioro estructural que sufrieron la mayoría de las obras tras estar varios meses suspendidas y que van a implicar un costo económico adicional que todavía no está calculado en los fondos que se necesitan para poder concluirlas y habilitarlas.
(Con información de Letra P)
