Tras el anuncio de que se instalará un alambrado de aproximadamente 200 metros en la frontera con Bolivia , sobre el Río Bermejo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la decisión al señalar que es “una medida de protección para la población y todo el país”.
Bullrich, quien en diciembre pasado había presentado el Plan Güemes, junto al gobernador de Salta, Gustavo Saénz, dijo que la medida busca “evitar que puedan cruzar y generarnos un descontrol”, además de ser un complemento para este programa de seguridad nacional.
La ministra explicó que Adrián Zigarán, actual interventor de Aguas Blancas —municipio que lindera con la localidad boliviana de Bermejo—, “está lanzando una licitación que se decidió en esa mesa (del Plan Güemes) para impedir el paso por caminos alternativos” y fomentar que los que cruzan ”tengan que pasar por el paso legal”.
Desde que se puso en marcha el programa en la provincia de Salta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a realizar tareas de patrullaje, por primera vez, las aguas del Bermejo, que separa ambos territorios. Hasta ahora, el afluente era controlado exclusivamente por las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia.
En el último tiempo se había convertido en una de las rutas utilizadas por el narcotráfico. “Es un paso fronterizo en el que permanentemente había total y absoluto descontrol y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado, se habían asentado bandas, hubo muertes”, detalló la funcionaria, al tiempo que sostuvo que Orán y Aguas Blancas son “el punto más álgido de entrada de cocaína del país”.
Tras el anuncio, el Gobierno nacional celebró la medida a través de una publicación en X de parte de la cartera de Seguridad. “Elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera”, escribieron.
Sin embargo, desde el lado boliviano se mostraron sorprendidos ante el anuncio. Mediante un comunicado, la Cancillería respondió que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.
También alertaron que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
Por su parte, Sáenz respondió a las quejas de los funcionarios bolivianos. “El Gobierno de Salta y el Gobierno argentino no tienen por qué darles explicaciones sobre algo que hace en su propio país”, contestó durante una entrevista con TN.
Según la planificación anunciada oficialmente este lunes, el cerco perimetral con Bolivia abarcará desde la terminal de ómnibus del municipio de Aguas Blancas hasta los controles ubicados en el Puerto de Chalanas.
La estructura tendrá una altura de 2,5 metros, una longitud de 200 metros y contará con “dos o tres” puertas distribuidas a lo largo de su extensión.
El objetivo es garantizar que todas las personas que ingresen o egresen del país completen los trámites migratorios correspondientes, evitando cruces ilegales por el río.
