El Mediador 
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, atraviesa días de fuerte tensión. Dos gremios que representan a su personal anunciaron protestas y denunciaron decisiones del Gobierno nacional que afectan tanto a la estructura del organismo como a las condiciones laborales de sus trabajadores.
Por un lado, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), conducida por Pablo Flores, confirmó la profundización del plan de lucha sindical tras un plenario de secretarios generales. En un comunicado difundido este viernes, el gremio acusó a la conducción del ARCA de cortar el diálogo y tomar una postura “intransigente y caprichosa” frente a los reclamos por mejoras salariales y garantías de continuidad laboral.
La organización sindical apuntó directamente al “sector oficial” del organismo, al que responsabilizó por “quebrar la paz social” dentro de ARCA, y exigió el fin del congelamiento salarial junto con una recomposición que contemple la inflación acumulada.
En paralelo, la Unión Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), que representa al personal jerárquico, denunció la disolución de 84 agencias del interior del país. Según su titular, Julio Estévez, se pidió a las autoridades una prórroga de 90 días a la resolución 36/2025 que oficializa los cierres, y se solicitó una audiencia con el director ejecutivo, Juan Alberto Pazo.
UpsAfip logró apoyo de legisladores de distintas fuerzas, entre ellos Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro (LLA), Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID), además del respaldo de senadores del PJ.
En El Calafate, la oficina de ARCA cerró este viernes tras ser incluida en el listado de dependencias que dejarán de funcionar. La medida alcanza a más de 30 oficinas a nivel nacional y forma parte del plan de reducción del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según trascendió, seis trabajadores locales aún desconocen su futuro laboral, mientras se espera una reubicación que no ha sido oficializada.
Desde el Ejecutivo argumentan que la mayoría de los trámites pueden realizarse de forma digital y que la reorganización responde a una “modernización del Estado”. No obstante, gremios y legisladores advierten por el impacto en el acceso ciudadano a los servicios públicos y la incertidumbre laboral de cientos de empleados.
