La semana pasada, el Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que defina la suspensión de la entrega del 51% de las acciones que el Estado Nacional tiene en YPF, en respuesta formal al fallo de primera instancia que en 2023 firmó la jueza Loretta Preska.
En ese marco, se vienen horas clave para la causa judicial que se lleva adelante en los Estados Unidos, donde la mencionada magistrada obligó al Estado argentino a pagar una indemnización por la nacionalización de la petrolera, que supera los U$S16.000 millones.
Este martes, la Corte de Apelaciones debe resolver si mantiene el fallo de Preska de no suspender la entrega de las acciones de YPF mientras la Argentina apela, o si da lugar al pedido argentino —respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos— para postergar esa entrega.
En concreto, la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito podría adoptar alguna de las siguientes opciones:
Qué pasa si la Corte de Apelaciones falla contra la Argentina
En la peor de las determinaciones para nuestro país, que al mismo tiempo es la más probable, es decir que confirme la decisión de Preska, el caso podría ser elevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que difícilmente lo tome, lo que pondría a la Argentina en desacato.
Ello representaría un duro revés para las intenciones del Gobierno de Javier Milei, que con el desacato tendrá serias dificultades de conseguir financiamiento para afrontar los U$S10.000 millones en vencimientos hasta el año próximo.
Eventualmente, antes de entregar las acciones de YPF en poder del Estado Nacional, el Gobierno tendrá como única salida negociar algún acuerdo con los demandantes, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del caso. Una negociación que nuestro país elude desde que se inició el proceso judicial, hace más de una década.
