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Causa Fainser en Río Turbio: Dictaron la prisión para Pérez Osuna, Mazú, Lascuraín, Larregina y Vargas

Es por la causa que investigaba porqué la Municipalidad de Río Turbio pagó 50 millones de pesos a la empresa FAINSER por una obra que nunca realizó. Además de dictar la prisión, la Justicia pidió que los imputados devuelvan el dinero más intereses.

EL PAIS 18 de octubre de 2019
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El Tribunal Oral Federal 7 condenó hoy a cuatro años de prisión al empresario y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, al ex intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, el ex Administrador de YCRT, Miguel Larregina; el ex Asesor del Ministerio de Planificación Federal, Juan Vargas; y el actual diputado provincial Horacio Matías Mazú por el delito de peculado por el cobro de 50 millones de pesos por una obra de reparación del acceso a Río Turbio en la Avenida de Los Mineros, que nunca se hizo.

En su veredicto, los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero también ordenaron la restitución del dinero más los intereses. El tribunal los condenó por el delito de peculado y el próximo 15 de noviembre a as 13 horas dará a conocer los fundamentos. De los acusados, el único que está detenido es Pérez Osuna. Los jueces ordenaron que el resto de los acusados sean detenidos una vez que la condena quede firme –ya que es de cumplimiento efectivo– y que mientras tanto se les prohíba la salida del país.
 
Lascurain ya estuvo preso cuatro meses en la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que fue elevado a juicio oral. El empresario estuvo detenido hasta diciembre pasado cuando fue liberado por orden de la Cámara Federal.
 
En este caso se juzgó el cobro como anticipo de 50 millones de pesos para realizar 7 kilómetros de una ruta en el acceso a Río Turbio, sobre la denominada Avenida de Los Mineros. La fiscal Fabiana León había dado por probadas en su alegato las irregularidades y pidió que los cinco acusados sean condenados a la pena de cuatro años y medio de prisión. Las defensas pidieron sus absoluciones.

“Los cargos que ocupé fueron para servir a la gente, no para servirme. Nunca sustraje fondos de nada. Si la ruta no se hizo fue por una decisión política de este gobierno nacional, como de otras obras sobre las que el Municipio tuvo que poner plata" dijo Pérez Osuna en sus últimas palabras antes del veredicto. Luego los jueces pasaron a deliberar y a las 14 horas dieron el veredicto.

Este es el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. El próximo será por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Ese expediente fue elevado a juicio oral el mes pasado por el juez federal Luis Rodríguez y entre otros serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario de ese ministro Roberto Baratta, ambos detenidos. Esa causa fue la que llevó a De Vido a prisión en octubre de 2017 luego de perder sus fueros como diputado de la nación.

EL CASO

La firma Fainser S.A. de Lascuraín, iba a hacer una obra que nunca concretó. Se trataba de una obra para la pavimentación de la ruta de acceso a Río Turbio, presupuestada en 500 millones de pesos, financiada por el entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido. La pavimentación nunca se realizó y la empresa Fainser S.A. cobró un anticipo de obra de 50 millones de pesos.

La obra presupuestada era la pavimentación de la llamada "Avenida de Los Mineros", que es el camino que va desde la rotonda de ingreso de Río Turbio hasta la vecina localidad santacruceña de 28 de Noviembre.

El presupuesto fijado por el ex Ministerio de Planificación para el camino de siete kilómetros -y que nunca se hizo- fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser S.A.. La causa 9281/17 alcanza al actual diputado provincial Matías Mazú (por haber sido intendente de Río Turbio en aquel entonces); al actual intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Ozuna, quien se encuentra detenido desde marzo de este año (y que era interventor de YCRT en ese momento); al sumariado Coordinador General de YCRT, Miguel Ángel Larregina; al ex asesor de YCRT y mano derecha de Roberto Baratta, Juan Marcelo Vargas y a la responsable de la empresa Fainser, Juan Carlos Lascuraín.

Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser por 50 millones de pesos -el último realizado un día antes de la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos. Así y todo, Fainser S.A. envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio entre la Municipalidad de Río Turbio e YCRT. La empresa sostenía que para comenzar los trabajos necesitaban un anticipo más de 25 millones de pesos. 

Al detectar una serie de irregularidades, se abrieron sumarios administrativos y radicaron la denuncia penal que recayó en el juzgado del Juez Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuan.

Por esta causa, se realizó un allanamiento en el municipio de Río Turbio donde se secuestró toda la documentación vinculada a la obra. Fainser S.A. también fue una subcontratista de Isolux Corsán, la firma española que tuvo a su cargo la construcción de la Usina Termoeléctrica.

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