
Luego de la entrega de terrenos a 45 familias de Río Gallegos, la Secretaria de Planificación y Obras Públicas dijo que el Municipio tiene más de 5.000 carpetas abiertas. “Lamentablemente esto nos muestra una realidad bastante más dura y más cruel”, expresó.













 Entre tanto, al ser consultado sobre si cabe la posibilidad de que la Municipalidad vaya a la Justicia en respuesta a esta medida provincial, Robles dijo: “Nosotros estamos evaluando, no solamente desde la Secretaría Legal y Técnica, sino a través de un bufet de abogados especializados en este tipo de cuestiones, acerca de la factibilidad o no, en base a lo que te decía, y que es público y notorio de que se va a redistribuir los recursos sabiendo que se está perjudicando a la ciudad, porque se parte de una base que se sabe que es falsa, y no se hace nada para tratar de que esa distribución tenga un correlato con la realidad, ver de qué forma se puede avanzar. Pero digo otra cosa, el Estado provincial, que sabe que estos datos son falsos, en la misma ley, cuando se estableció, decía que los coeficientes se variarían a través de un censo nacional o un censo provincial. Bueno, el Estado de la provincia de Santa Cruz lo puede hacer, o tiene información para lo cual, con una fórmula polinómica muy fácil, tomando los habitantes o lo que tiene el padrón electoral, sumándole los medidores de servicios públicos, y sumándole también la cantidad de vacantes educativas, del nivel inicial y del nivel primario que tenga cada localidad, poder tener una medición real de la cantidad de habitantes y de necesidades que tiene cada localidad, y de esa manera poder distribuir los recursos de la forma más eficiente, porque lo que se tiene que hacer con la coparticipación es que la plata vaya a los municipios para que puedan brindarle soluciones a sus habitantes, y esa distribución tiene que ser proporcional a la cantidad de habitantes que tenga cada uno”, argumentó.
Entre tanto, al ser consultado sobre si cabe la posibilidad de que la Municipalidad vaya a la Justicia en respuesta a esta medida provincial, Robles dijo: “Nosotros estamos evaluando, no solamente desde la Secretaría Legal y Técnica, sino a través de un bufet de abogados especializados en este tipo de cuestiones, acerca de la factibilidad o no, en base a lo que te decía, y que es público y notorio de que se va a redistribuir los recursos sabiendo que se está perjudicando a la ciudad, porque se parte de una base que se sabe que es falsa, y no se hace nada para tratar de que esa distribución tenga un correlato con la realidad, ver de qué forma se puede avanzar. Pero digo otra cosa, el Estado provincial, que sabe que estos datos son falsos, en la misma ley, cuando se estableció, decía que los coeficientes se variarían a través de un censo nacional o un censo provincial. Bueno, el Estado de la provincia de Santa Cruz lo puede hacer, o tiene información para lo cual, con una fórmula polinómica muy fácil, tomando los habitantes o lo que tiene el padrón electoral, sumándole los medidores de servicios públicos, y sumándole también la cantidad de vacantes educativas, del nivel inicial y del nivel primario que tenga cada localidad, poder tener una medición real de la cantidad de habitantes y de necesidades que tiene cada localidad, y de esa manera poder distribuir los recursos de la forma más eficiente, porque lo que se tiene que hacer con la coparticipación es que la plata vaya a los municipios para que puedan brindarle soluciones a sus habitantes, y esa distribución tiene que ser proporcional a la cantidad de habitantes que tenga cada uno”, argumentó.





















