La ley provincial de ‘Ética en el Ejercicio de la Función Pública’ fue sancionada en 2008. Cinco años después se creó, mediante otra ley, el Código de Ética de la Función Pública. La norma “establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la Función Pública, en todos sus niveles y jerarquías”. Entre otros puntos, la ley regula el Régimen de Declaraciones Juradas de los funcionarios, detalla las Incompatibilidades y Conflictos de Intereses, y hasta establece un Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.
“Un elemento clave para el cumplimiento de estas dos leyes es la Comisión Provincial de Ética Pública, que cumple un rol fundamental dadas sus facultades”, explicó Gabriela Mestelán a EL MEDIADOR.
La diputada provincial de Encuentro Ciudadano advirtió que “hay un proyecto de ley de diputados del Frente Para la Victoria que prevé eliminar esta comisión”. El autor es el diputado Claudio García, quien solicitó en la sesión del jueves pasado que el proyecto volviera a comisiones.
Entre otros cambios, el proyecto establece que “se designará la Autoridad de Aplicación” en “el ámbito de cada uno de los Poderes del Estado Provincial”. Para Mestelán “es inaceptable esta modificación puesto que significa la eliminación de la Comisión Provincial de Ética Pública. Es grave porque creemos que un poder del Estado no puede controlarse a sí mismo”, advirtió.
En efecto, la legisladora observó: “lo primero que debemos objetar es que esta comisión no tuvo una conformación y aplicación efectiva desde que la ley fue sancionada. Eso es lo que debería hacerse, debería conformarse la comisión que establece la ley vigente”. Según la norma, la Comisión de Ética Pública es un órgano independiente con autonomía funcional que debe integrarse con seis miembros “que no podrán pertenecer al órgano que los designe”: dos por el Tribunal Superior de Justicia, dos por el Poder Ejecutivo Provincial y dos por Resolución de la Cámara de Diputados.
UN RETROCESO QUE ATENTA CONTRA LA TRANSPARENCIA
“De todas las modificaciones que se plantean en el proyecto presentado desde el oficialismo, rescato como una modificación razonable que las declaraciones juradas se concentren en cada poder del Estado y no en la Escribanía Mayor de Gobierno, como lo establece la ley vigente”, detalló Mestelán. “Por lo demás, es una iniciativa que significa un retroceso, que pone velos, que atenta contra la transparencia y la calidad de las instituciones”, cuestionó.
“La ética no puede ser un adorno en una democracia, sino que tiene que vertebrar el ejercicio de la función pública. Luego de 28 años de un modelo que no rindió cuentas y que evitó los controles, vivimos un tiempo que exige transparencia, que los ciudadanos tengamos la posibilidad de controlar la gestión pública”, argumentó la diputada.
“Tenemos que recuperar la dignidad que se devastó en todos estos años de tanta trampa, ocultamiento y corrupción; con todo lo que estamos viendo en estos días, no nos alcanza la capacidad de asombro para ver hasta dónde han llegado los niveles de impunidad de los funcionarios, muchos de los cuales salieron de Santa Cruz”, finalizó la legisladora de Encuentro Ciudadano.
