Esta tarde, con la presencia de los legisladores, se llevaron a cabo las 4° reuniones de comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde se analizaron y trataron distintos proyectos de relevancia para la comunidad.

Dentro de los proyectos destacados, obtuvo despacho por unanimidad el proyecto de Resolución mediante el cual se solicita a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, el pronto tratamiento al proyecto de Ley de financiamiento a universidades nacionales, presentado por la Legisladora Nacional Danya Tavela.

En el mismo también se requiere a la Diputada Nacional de Santa Cruz, Ana María Ianni, quien forma parte de esa comisión, tome conocimiento de dicha Resolución a los fines de requerir su pronto tratamiento, debido a la situación crítica que atraviesa la educación universitaria y por este motivo resulta necesario establecer criterios de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Por otra parte, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se trató el proyecto de Ley que solicita incorporar el Artículo 15 Bis a la Ley Provincial N°3330 que regula los aranceles y honorarios de abogados y procuradores en la provincia de Santa Cruz. De este modo el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de JUS (unidad de honorario profesional de abogados o procurador) que éste representa a la fecha de resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de JUS contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”.

Cabe mencionar que en los fundamentos del proyecto se menciona que en muchas ocasiones ocurre que los abogados deben ejercer funciones como defensores Ad-Hoc ante los tribunales ordinarios, en virtud de que por alguna razón se ha excusado de intervenir la Oficina de Asistencia Letrada o la Defensoría Pública Oficial; y, por ende, dicha designación resulta inexcusable al letrado designado. Una vez finalizado el proceso, a los letrados Ad-Hoc se le regulan los honorarios acordes a su participación en la unidad de medida denominada JUS que luego se expresa en pesos. Sin embargo y lamentablemente, el pago de los mismos se hace de manera atemporal y no es actualizado; por lo tanto, queda desvalorizada la tarea profesional.

En este contexto, la propuesta pretende agilizar y asegurar a los profesionales letrados la adecuada e íntegra percepción de sus honorarios sin que el paso del tiempo deprecie y/o afecte su valor real. Por último, vale indicar que los legisladores que integran dicha comisión acordaron remitir notas a la Asociación de Abogados de Río Gallegos y al Tribunal de Justicia, para ponerlos en conocimiento de la propuesta.