El senador nacional Oscar Parrilli, estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kichner, arremetió hoy contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia por aceptar los recursos de per saltum presentados por los camaristas federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a quienes el kirchnerismo había resuelto trasladar de sus puestos actuales.
Parrilli acusó a los magistrados de haber intentado "responder a las presiones" de la oposición y los medios de comunicación. Según el legislador kirchnerista, la decisión del máximo tribunal "significa un asalto a la Constitución".
"Si la Corte va a designar jueces, convalidando los traslados, nos quedamos sin Constitución directamente", lanzó el senador, en diálogo con Futurock. Y completó: "No sé qué pueden hacer. Desde el punto de vista jurídico, no pueden hacer más que convalidar lo que se vino haciendo. Pareciera ser que son el poder absoluto y total".
Parrilli dijo que "la Corte tiene una rara medida de la gravedad institucional". "Qué casualidad que las gravedades institucionales tienen relación con la corporación judicial. No vi ningún per saltum para parar el aumento de tarifas, el endeudamiento o el espionaje ilegal [durante la gestión de Mauricio Macri]", sostuvo.
En su fallo de mayor impacto político en años, la Corte decidió ayer por unanimidad suspender los traslados de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, vinculados con la definición de causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner.
La resolución implicó un fuerte revés para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, principal impulsora de la ofensiva contra los tres jueces. "La Corte tiene un termómetro raro. Se dejó llevar por las presiones mediáticas y corporativas", opinó Parrilli.
Los ministros del máximo tribunal ordenaron al Consejo de la Magistratura que se abstenga de cubrir las vacantes para reemplazarlos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El impacto se magnificó por lo inesperado.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había llamado a un acuerdo extraordinario para discutir el tema, pero la Casa Rosada suponía que no había consenso para abrir el recurso. En su voto particular, Rosenkrantz justificó la decisión en que el caso reviste una gravedad institucional "inusitada". Y añadió: "Esta intervención es el único remedio para evitar el daño a las instituciones".
FUENTE: La Nación.
