En el protocolo queda claro que los diferentes ministerios y organismos provinciales tienen que recabar información acerca de aquellos grupos de inquilinos e inquilinas que estén en situación de desalojo siempre y cuando hayan extendido su contrato por decreto 320 (no está vigente ya) y tengan sus contratos registrados en AFIP a pesar de que los contratos anteriores a la vigencia de la ley de alquileres (1/7/2020) no tienen que ser registrados.
Sintetizando, el protocolo es completamente obsoleto para proteger a las familias que están en riesgo de ser desalojadas.
Gervasio Muñoz, pte de la Federación de Inquilinos manifestó: “Lo que más preocupa de la gestión del ministerio de hábitat es la falta de conocimiento acerca de la situación de 9 millones de inquilinos e inquilinas del país, los cuales muchos de ellos se encuentran completamente desprotegidos por no realizarse una sola campaña de información sobre los derechos de la ley de alquileres ni establecer ningún tipo de control del cumplimiento de la ley. Hoy alquilar vivienda en Argentina es el “sálvese quien pueda” sin ninguna protección del Estado y en el medio de medidas de confinamiento y una pandemia que no da tregua".
Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz, agregó: "Mientras la gente tiene que estar viendo como hacer para no quedar en la calle el Ministerio saca un protocolo que en la práctica es estéril y contradictorio, parece una burla. En la Pcia. de Bs. As. se creó recientemente un área para atender la problemática, esperemos que en nuestra provincia de Santa Cruz se avance en el mismo sentido".
