En misas, en la calle y cuando lloraban en la calle por no saber qué había pasado con sus familiares. En esos momentos, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a los parientes de los submarinistas del ARA San Juan, el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. Las tareas de inteligencia duraron casi un año y, en oportunidades, los partes de los espías identificaban quién y qué le reclamaban al gobierno de Cambiemos. Para la justicia, ni Mauricio Macri ni los jerarcas de la exSIDE deben responder por estos hechos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó –con los votos de Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci– todos los sobreseimientos que había dictado el año pasado la Cámara Federal porteña. La jueza Ángela Ledesma quedó en minoría, impulsando la investigación.
La Sala II de la Casación –con una integración especial para este caso porque Macri quiso sacarse de encima al camarista Alejandro Slokar– validó lo que el 15 de julio del año pasado sostuvieron los integrantes del tribunal de apelaciones de Comodoro Py: que las tareas de inteligencia existieron, pero que no constituyeron un delito. Entonces, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron que la AFI estaba preservando la seguridad del Presidente.
Para organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que es Amicus Curiae en la causa– la interpretación de la Cámara Federal porteña funciona como una carta blanca para los servicios de inteligencia. Y, ahora, la Cámara Federal de Casación, por mayoría, avaló la misma línea.
El fallo se conoció tan solo nueve días después de que Javier Milei ganara el balotaje y cuando Macri se mueve como un titiritero detrás de La Libertad Avanza (LLA) y pulsea para ocupar lugares claves dentro de lo que será el ecosistema del próximo gobierno.
La causa sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020, cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado partes de inteligencia que daban cuenta de los seguimientos a los familiares.
En diciembre de 2021, Mauricio Macri fue procesado por el juez federal Martín Bava, que subrogaba en Dolores. Días después, Casación forzó el pase de la causa a los tribunales de Comodoro Py.
En el expediente también estaba procesado Gustavo Arribas, titular de la AFI macrista, junto con otros agentes jerárquicos. El procesamiento también involucró a los agentes de la delegación Mar del Plata de la exSIDE, desde donde se hicieron las tareas de inteligencia.
Fuente: Página 12
