El escrito, firmado por el interventor del ENRE, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo, solicita la restricción para “Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.
En la ampliación de la denuncia se justifican las decisiones tomadas por el ENRE haciendo mención de la Resolución 307/2023, a través de la cual se dispuso la intervención provisoria de Edesur S.A. en función de una serie de argumentos planteados en dicha normativa.
En el texto, Martello plantea que se ha evidenciado que, con motivo de los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023, han quedado fuera del servicio alrededor de 180 mil personas usuarias, produciéndose, en los días posteriores, eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro de luz en el área de concesión de la distribuidora.
Asimismo, señala que el ENRE ha detectado ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información brindada por la distribuidora al organismo regulador. ”La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, agrega la ampliación de denuncia presentada por el ENRE.
La enumeración de faltas continúa durante varias páginas y concluye que las instalaciones que pertenecen al área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público” y sostiene que, si la demanda es transferida a otras instalaciones, ante picos de demanda, se sobrecargan y salen de servicio.
FUENTE: INFOBAE
