Ricardo Quintela, gobernador de la Provincia de La Rioja demandó al Estado Nacional por el DNU 70/23 dictado por el presidente Javier Milei. La presentación fue realizada directamente ante la Corte Suprema de Justicia por su competencia originaria.
Es la primera demanda radicada directamente ante el máximo tribunal por su competencia originaria, contra el DNU.
Se trata de una “acción declarativa de certeza tendiente a hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la manifiesta inconstitucionalidad del decreto” en cuestión y fue interpuesta por el gobernador con el patrocinio de los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra.
“Nos hallamos ante una hipótesis de desconocimiento de la distribución republicana del ejercicio del poder señalada por la Constitución, o sea, que el llamado decreto 70/23 lesiona directamente la forma de gobierno representativa republicana federal”, advierte la presentación.
La acción apunta a la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, por ocasionar perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Quintela solicitó el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa.
Habilitación de la feria judicial
Quintela y los letrados plantearon a los jueces de la Corte la habilitación de la feria judicial de enero del 2024, debido a la gravedad institucional de los efectos de la norma.
“La cuestión ventilada asume gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso”.
Se trata de la primera demanda radicada directamente ante el máximo tribunal por su competencia originaria, contra el DNU.
Opinión al Procurador
Ahora la Corte deberá pedir la opinión del Procurador General de la Nación para que dictamine en primer lugar si el caso es competencia originaria de la Corte.
Luego el alto tribunal estaría en condiciones de definir si acepta tratar la demanda de manera originaria. Para ello deberá habilitar la feria de enero.
FUENTE: Minuto UNo.
