“La baja de la edad de imputabilidad requiere una respuesta integral y que se encuentre en consonancia con las obligaciones asumidas por el Estado en los distintos instrumentos internacionales. Estamos evaluando las iniciativas presentadas por el Gobierno y por distintos legisladores para modificar el Régimen Penal Juvenil”, destacó la Diputada Roxana Reyes que preside la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes.
De la Comisión participaron Sebastian Amerio, Secretario de Justicia de la Nación, Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación y Alberto Nanzer, Subsecretario de Política Criminal. Ellos fueron los responsables de exponer sobre la propuesta del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
“Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980″, señaló Amerio.
“La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionales para lograr resultados a menor costo. Este proyecto ofrece paleta de opciones punitivas como no punitivas y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver. Creemos que la reforma sería una innovación muy importante considerando la escasez de respuestas que plantea la ley vigente”, explicó Nanzer.
La Diputada Roxana Reyes remarcó que es fundamental para el futuro de nuestros jóvenes y la sociedad contar con un régimen penal juvenil actualizado: “Comenzamos este debate tan importante en el Congreso que es clave para proteger a nuestros jóvenes y garantizar una justicia justa y moderna.”
Destacó también que la baja de la edad de imputabilidad requiere una respuesta integral y que se encuentre en consonancia con las obligaciones asumidas por el Estado en los distintos instrumentos internacionales.
“Esta propuesta para un nuevo régimen penal juvenil que estamos debatiendo apunta fundamentalmente al cumplimiento de los derechos del niño y de las normas que están presentes en Naciones Unidas sobre niños que delinquen”, sostuvo la legisladora.
“Desde la comisión de Familia, niñez y juventudes estamos comprometidos y trabajamos para que este nuevo régimen penal tenga la función esencial de resocialización; de educación; y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por diversas razones ha ingresado en la actividad criminal. Es fundamental la mirada de los derechos del niño y de hacer cumplir las normas internacionales. Ese es el rol que tiene la comisión de Familia en este debate tan importante para el futuro de la Argentina.”
