El proyecto presentado en la sesión pasada de la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo provincial “que gestione y arbitre los medios necesarios para que en este contexto de pandemia se suspendan las sentencias de desalojos en inmuebles destinados a viviendas familiares urbanas y/o rurales, o con fines comerciales, y a toda persona que habite en pensiones, hoteles u otros alojamientos hasta el 31 de diciembre del corriente, en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz”.

También solicita “que genere políticas públicas tendientes a lograr que se congele el precio de los alquileres, con los fines mencionados en el artículo 1, hasta el 31 de diciembre del corriente año, en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz”.

El legislador advirtió que “el proyecto no fue aprobado en la sesión de la semana pasada sino enviado a las comisiones, donde para su aprobación depende del visto bueno de la mayoría oficialista del Frente de Todos”. “Sabemos que la problemática de los alquileres no es fácil de abordar ni de fácil resolución, sin embargo el Estado no puede estar totalmente ausente como lo está en Santa Cruz”, cuestionó.        

‘PRESERVAR DE MANERA URGENTE EL RESGUARDO DE CIENTOS DE FAMILIAS’

En la fundamentación del proyecto se recuerda que el gobierno nacional dictó el año pasado el decreto 320/2020 con el fin de suspender hasta el 30 de septiembre de 2020 los desalojos y el aumento de precios. Otro decreto, el 66/2021, prorrogó estas medidas hasta el 31 de marzo pasado.

“Teniendo en cuenta que la pandemia se ha prolongado sin que el Presidente de la Nación firmara otro decreto para amparar la situación de los inquilinos, es que solicito al Poder Ejecutivo provincial que interceda y arbitre los medios necesarios para preservar de manera urgente el resguardo de cientos de familias que en nuestra provincia no pueden abonar el alquiler”, escribe Oliva en la presentación.

‘EL MARCADO CRECIMIENTO DE LA POBREZA EN PANDEMIA’

Más adelante, el legislador escribe que “la realidad de Santa Cruz no escapa a lo que sucede a nivel nacional” y apunta: “la Encuesta Permanente de Hogares señala que en Río Gallegos, 1 de cada 3 habitantes no llega a la canasta básica total que en diciembre de 2020 rondaba los 50 mil pesos. Indudablemente, estos datos son alarmantes y reflejan un claro deterioro en las condiciones de vida de miles de familias”.

“Insistimos, el Estado provincial no puede estar ausente como lo está frente a un problema tan serio como el de los alquileres. Vamos a trabajar para que el tema sea abordado en la Legislatura provincial”, finalizó el diputado de Encuentro Ciudadano.